Las facturas electrónicas cobran un papel protagonista con la crisis

Durante el primer semestre de 2012 las empresas españolas procesaron más de 56 millones de facturas de este tipo, frente a los 12 millones de 2009, según un estudio de Seres (Fuente: ABC)

La crisis no parece frenar la creciente implantación de la factura electrónica en el día a día de la actividad empresarial. Durante el primer semestre de 2012 las empresas españolas procesaron más de 56 millones de facturas electrónicas, frente a los 12 millones tramitados en 2009, según un estudio realizado por Seres entre el 65,5% de las empresas usuarias de su servicio (un 35 % del total nacional, aproximadamente).

En este periodo trabajaron con factura electrónica –en emisión, en recepción o en ambas- un total de 107.000 empresas, frente a las 46.000 que lo hicieron en 2009. El informe confirma que el crecimiento de uso de la factura electrónica se impulsa fundamentalmente en las grandes empresas, especialmente de los sectores de gran distribución y la automoción.

Cataluña y Madrid, a la cabeza

Según el estudio, Cataluña lidera la emisión de facturas, con el 44,7% del total, seguida por Madrid, con el 26,66%, Andalucía con el 5,41% y País Vasco con el 4,66 %. Por su parte, Madrid pasa a encabezar la recepción de facturas –liderada en 2009 por Cataluña- con casi el 35% del total, seguida por Cataluña, con el 21,16%, Andalucía, con el 13,21% y Castilla y León con el 8,03%.

Por lo que respecta a las empresas emisoras en 2012, el 21.5 % fueron de Madrid, el 15,97% de Cataluña, el 11.46 % de la Comunidad Valenciana y el 9.76 % de Andalucía. Estas posiciones se mantienen en las empresas receptoras, con Madrid a la cabeza, con el 22.31 %, seguida de Cataluña, con el 19.38%, Andalucía, con el 11.61 %, y la Comunidad Valenciana, con el 7.89%.

Si se tiene en cuenta el tamaño de las emisoras, el 9.87% son grandes empresas, el 18.53% medianas, en 35.9% pequeñas y el 35.68 % micropymes. Las receptoras mantienen una proporción parecida, el 12,2 % grandes empresas, el 20.4% medianas, el 35.8% pequeñas y el 31.50 % pequeñas.

Por sectores, los de Industria (39.62%) y Servicios (56.46%) sonlos que más utilizan la factura electrónica. En emisión, el sector Industria tiene un 39,92% mientras que el de servicios un 56,21%. En recepción, Industria agrupa al 39,32% y el de Servicios el 56,72%.

Caminos distintos

El estudio destaca el impulso dado a la factura electrónica en la comunidad de Madrid, que se sitúa por delante de Cataluña en recepción de facturas electrónicas, región que en el anterior informe se colocaba claramente a la cabeza. Una posición en la que tuvo mucho que ver la puesta en marcha, en 2009, del proyecto del Consorci AOC, con el que la Administración Pública catalana dio un impulso significativo a la factura electrónica y que animó a empresas y asociaciones empresariales a abordar la implantación de esta tecnología.

«Una interpretación en términos de negocio de estos datos –señala Alberto Redondo, director de marketing de Seres- indica tanto el efecto positivo que tuvo en Cataluña el proyecto de las administraciones públicas como el aumento del uso de la e-factura de las empresas catalanas con el resto de sus clientes y/o proveedores. En el caso de Madrid, los resultados confirman la gran apuesta realizada por las grandes empresas privadas por la factura electrónica,materializada en un notable incremento en la recepción de facturas en formato electrónico. Un paso importante está en aunar el impulso de los grandes receptores de facturas en el sector público con el privado».

Según el informe, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Galicia ambién son comunidades con un tejido empresarial local equilibrado, que han hecho un importante esfuerzo para impulsar la factura electrónica, sobre todo en la parte pública, y que están empezando a ver los primeros frutos tanto en la emisión y recepción de facturas.

Gestha dice que la amnistía fiscal solo lleva recaudado el 6% de su objetivo

Dos días antes de la conclusión del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal, los Técnicos de Hacienda (Gestha) han calculado que la medida no está teniendo éxito. Según sus propios cálculos, esta agrupación ha determinado que las arcas estatales han ingresado hasta octubre 149,6 millones de euros frente al ambicioso objetivo inicial de unos 2.500 millones, es decir, solo el 6%. La meta prevista se convierte así, de acuerdo con los técnicos, en una "misión casi imposible" de cumplir, que al mismo tiempo acarrea efectos negativos en otros ingresos tributarios. Los datos, sin embargo, no son oficiales, ya que el Ministerio no ofrece desglosada la evolución de la medida.

Carlos Cruzado, presidente de Gestha, explica que los datos facilitados por el Ministerio en los últimos meses son escasos y que a partir de agosto el informe mensual de recaudación tributaria omite especificar la suma de los que se acogen a la amnistía, englobando este total en "otros ingresos". "El último dato detallado se refiere al mes de julio, cuando se situó en 50,4 millones de euros. Incluso asumiendo que la recaudación por amnistía se incluya en 'otros ingresos', estamos hablando de un máximo de unos 150 millones hasta octubre, lo que convierte el objetivo del Ejecutivo en algo muy complicado de alcanzar", dice.

La regularización fiscal —una expresión que los técnicos de Hacienda tildan de "eufemística"— arrancó a finales de marzo y permite a losdefraudadores pagar un 10% para blanquear su dinero, sin intereses, recargos, sanciones o imputaciones penales. Los expertos consideran esta cantidad "un precio de saldo" comparado con la suma desembolsadas por los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los que corresponden tipos de hasta el 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña.

Fuente: El País 

Vivienda e IRPF: qué hacer antes de que acabe el año para ahorrar

Un  mes y acaba 2012. Treinta días, por tanto, para ajustar la próxima declaración de la renta que habrá que presentar en mayo de 2013. Sobre la vivienda y sus múltiples aspectos colaterales pivota una gran parte de ese posible ajuste que lleve, dentro de la legalidad, a pagar menos impuestos. Ahora e incluso en el futuro.
  El punto más importante, por el número de personas a las que afecta, es la hipoteca.

En primer lugar, hay que tener claro que, en relación con la declaración de 2012, no hay cambios en lo relativo a la desgravación hipotecaria general -se aplica una reducción en la cuota del IRPF del 15% sobre un máximo de 9.040 euros por persona y año- y, lo que es más relevante, que no los habrá para los contribuyentes que adquieran vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 y para financiarla recurran a las entidades de crédito.


Dado que se puede llegar a obtener por persona y año hasta 1.356 euros de ahorro en impuestos vía hipoteca (15% sobre 9.040 euros), si las cuotas mensuales que el particular ha ido abonando son inferiores a 753,33 euros siempre le queda la posibilidad de amortizar anticipadamente (reducir la deuda) una parte de su préstamo. Por cada 600 euros de amortización adicional, todos los contribuyentes rebajarán sus impuestos en 90 euros.
  Una precisión es importante: en esos 9.040 euros pueden y deben también incluirse cualesquiera otros gastos en los que se haya incurrido por adquirir una vivienda habitual y recurrir a una hipoteca: gastos de notaría, registro o primas de seguros, entre otros.


Es necesaria otra aclaración: quienes firmaron su hipoteca sobre vivienda habitual antes del 20 de enero de 2006 gozaban hasta ahora de una compensación fiscal. Podían aplicar un 20% sobre los primeros 4.507,59 euros. Esta ha sido eliminada con carácter retroactivo. No se podrá, por tanto, aplicar esta compensación al IRPF 2012.

Si todas estas cuestiones son significativas a corto plazo, aún lo son más a largo plazo.


- En segundo lugar, quien se hipoteque en 2013 no tendrá derecho a deducción alguna en el IRPF. Adiós a los posibles hasta 1.356 euros de desgravación por persona y año. A esta ya fiscalmente potente razón hay que unir otras dos, tal y como explican desde el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), para justificar la siguiente recomendación: "Si está pensando en adquirir una vivienda habitual, este año, más que nunca, le interesa realizar la inversión antes de que termine 2012".


- El primero de los argumentos que se añaden es que, a partir del 1 de enero de 2013 el IVA que se aplica en las nuevas viviendas dejará de
ser el 4% para situarse en el 10%. El segundo es que, si se adquieren 
inmuebles urbanos en 2012 (en este caso, no importa si es primera o 
segunda residencia), los beneficios que en el futuro se obtengan con su venta estarán exentos de pagar impuestos en un 50%.
  Para asegurarse el derecho a deducir vía hipoteca en 2013 y siguientes, el REAF aclara que si se adquiere la vivienda ya construida, la entrega de la misma se debe producir en 2012, sin que sirva, a estos efectos, haber dado solo una señal. Si se satisfacen cantidades para la construcción, basta con la entrega en 2012 de una cantidad al promotor para adquirir el inmueble. Existe un plazo de hasta cuatro años para que la vivienda se termine y entregue.


- En tercer lugar, desde la perspectiva de la venta de un inmueble, es conveniente tener en cuenta que si se tienen cerca de 65 años y se ha decidido transmitir la vivienda habitual, es preferible llegar a esa edad, dado que en ese caso, las posibles ganancias que se obtengan estarán exentas de pagar impuestos.


Tampoco hay que dejar pasar el hecho de que si ya se ha vendido la vivienda habitual y se han obtenido ganancias, estas también quedarán libres de impuestos si, en el plazo de dos años, se adquiere otra.

En materia de vivienda aún hay más asuntos fiscales interesantes.

- Existe una deducción especial a la que se tiene derecho por llevar a cabo obras de mejora (eficiencia energética, protección medio ambiente
 o sustitución de instalaciones) en su vivienda (habitual, alquilada, 
segunda residencia, o en el edificio en el que se ubique cualquiera de 
ellas).


Para las que se realicen hasta el 31 de diciembre de este año (ver cuadro adjunto), la deducción es del 20% del importe satisfecho, sobre 
un límite anual máximo de 6.750 euros (aunque se puede llegar en 
cuatro años hasta los 20.000 euros).


- La deducción por vivienda no solo se aplica a la adquisición; también, a la rehabilitación. En general, se puede deducir el 15% de las cantidades invertidas en el año para la rehabilitación de vivienda habitual (reconstrucción de la vivienda mediante consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas...) hasta un máximo de 9.040 euros anuales (con o sin financiación ajena).
  - Aquellas personas que realicen, antes del 31 de diciembre de este año, obras e instalaciones de adecuación de su vivienda habitual por razones de discapacidad -hay que tener acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33%- podrán deducirse en su próxima declaración de renta un 20% de las cantidades abonadas en la mejora sobre un máximo de 12.080 euros. Se pueden beneficiar de estas ayudas propietarios e inquilinos.


Por lo extraordinario de sus cambios y, especialmente, por sus implicaciones fiscales -tal vez haya que devolverle dinero a Hacienda- es importante analizar al detalle la situación de las cuentas-vivienda.








- A partir del 1 de enero de 2013 desaparece la deducción del 15% sobre las cantidades depositadas (hasta 9.040 euros al año por persona) en cuentas viviendas. Se abren (ver cuadro adjunto) dos alternativas para quienes no ha vencido el plazo de cuatro años desde su apertura hasta la fecha de compra.

Por último, a la hora de preparar la próxima declaración de renta, desde el REAF se hace hincapié en los asuntos relacionados con los alquileres.

- La tarifa general de IRPF que teóricamente se va a elevar solo para los años 2012 y 2013 (desde Economía, ya se habla de mantenerla más tiempo), podría resultar adecuado, según el REAF, retrasar el cobro de los alquileres (el momento de exigírselos a los inquilinos) a 2014, siempre que esté en los tipos impositivos más altos.

Si se tiene un inmueble alquilado a una persona de entre 18 y 30 años (o entre 18 y 35 años si el contrato se firmó en 2010 o anteriores), para aprovechar la reducción del 100% del rendimiento neto en 2012 (no se pagarían impuestos sobre estos alquileres), el propietario tiene que conseguir del inquilino (o al menos probar que lo intentó) una comunicación, antes de 31 de marzo de 2013, con la identificación del piso, del inquilino, su edad, sus ingresos...

Si el inquilino no cumple los requisitos exigidos y, por tanto, el propietario no tiene derecho a deducirse ese 100%, le interesará adelantar a 2012 los gastos que tenga que realizar en el inmueble. Tendrá menos ingresos por los que tributar.

- Por último, el inquilino debe tener en cuenta que, si sus rentas fueron 

en 2012 inferiores a 24.107 euros, podrá aplicarse una deducción del 10,05% sobre los importes que abonó vía alquiler, con una base máxima de 9.040 euros.

Para desgravar

NUEVA NORMA EN LAS CUENTAS VIVIENDA

A partir del 1 de enero de 2013 desaparece la deducción del 15% sobre las cantidades depositadas (Hasta 9.040 euros al año) en cuentas vivienda.

• Quienes abrieron a lo largo de 2008 una cuenta vivienda tienen hasta el

31 de diciembre de este año para adquirir su vivienda y mantener los beneficios fiscales utilizados. Si no compran, tendrán que devolver las cantidades deducidas y pagar los correspondientes intereses.

• Quienes abrieron su cuenta vivienda entre el 1 de enero de 2009 y hasta ahora tienen dos opciones:

A. Adquirir una vivienda antes de este 31 de diciembre de 2012. Mantendrán los beneficios fiscales disfrutados. No tendrán que “ajustar”, su próxima declaración de renta.

B. Devolverle a Hacienda lo que en años anteriores se habían deducido en cada declaración de IRPF. Deberán añadir a su cuota líquida total de 2012 todas las deducciones practicadas hasta el ejercicio 2011.

No habrá que abonar intereses de demora.

OBRAS DE MEJORA REALIZADAS ENTRE EL 7 DE MAYO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

• Se admite una obra de mejora en cualquier vivienda de su propiedad o en el

edificio en que se encuentre (salvo que esté afecta a una actividad económica).

• La base imponible del contribuyente ha ser menor a 71.007,20 euros/año.

• Que existan facturas, abonadas vía tarjeta de crédito o débito, transferencia

bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta de entidad de crédito.

No se admite el pago en metálico.

• Deducción del 20% sobre un máximo de 20.000 euros por vivienda habitual en total.

Cada año, si la base imponible del contribuyente es menor o igual a

53.007,20 euros: se aplicara un 20% sobre 6.750 euros. Si está comprendida

entre 53.007,20 euros y 71.007,20 euros: la base máxima de deducción anual será de 6.750 euros - 0,375 x (base imponible – 53.007,20 euros).

• Las cantidades que excedan de la base máxima anual de deducción podrán

deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.

Fuente: El Pais

La solución de la OCDE para España: subir más los impuestos

El informe de la OCDE sobre España recomienda elevar el IVA del turismo, eliminar la deducción por vivienda con carácter retroactivo y subir los impuestos a los carburantes.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado, de media, dos subidas fiscales al mes en el último año. Para la OCDE no es suficiente. Así lo indica en el informe sobre España que se ha publicado hoy y que el presidente del organismo internacional, José Ángel Gurría, ha entregado al ministro de Economía, Luis de Guindos, en un encuentro en Madrid.

La OCDE celebra el incremento del IVA que entró en vigor el primero de septiembre pero lamenta que buena parte de los productos y servicios apliquen el tipo superreducido del 4% o superreducido del 10%. Así, propone que el turismo -bares, restaurantes y hoteles- pase a tributar al tipo general del 21% en lugar de hacerlo al 10%. También critica que los libros o los periódicos tributen al 4%. La OCDE argumenta que España es uno de los países de la UE que menos ingresa por IVA y señala que hay recorrido para elevar la presión fiscal en el mayor impuesto indirecto.

Respecto al IRPF, la institución presidida por Gurría, recomienda eliminar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones y si bien elogia que el Gobierno haya eliminado la deducción por compra de vivienda para los contribuyentes que adquieran una casa a partir de 2013, considera que la medida debería aplicarse también con carácter retroactivo. Es decir, suprimir o reducir el beneficio fiscal para aquellos que actualmente gozan de una deducción que supone un coste para las arcas públicas de 5.000 millones. Moncloa ya barajó esta medida pero finalmente fue descartada.

Paradójicamente, todas las recomendaciones de la OCDE van en la dirección contraria a las promesas electorales del PP, que apostaba por reducir el IVA al turismo, recuperar la deducción por vivienda que suprimió el anterior Gobierno o incentivar fiscalmente las planes de pensiones.

Todavía en el ámbito fiscal, la OCDE señala hay recorrido para elevar los llamados impuestos medioambientales, que suponen un 1,5% del PIB en España frente al 4% de media en la UE. Así, el organismo internacional aboga por introducir una tasa a productos contaminantes y elevar los tributos a los combustibles.

¿Solo propone subidas fiscales la OCDE? No, también recomienda rebajar las cotizaciones sociales que pagan las empresas y que son de las más altas de la UE. Ello elevaría la competitividad de las compañías españolas. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a aprobar esta medida aunque finalmente la guardó en un cajón del Ministerio de Hacienda a la espera que la situación de las finanzas públicas mejore.

Por otra parte, la OCDE considera que los tributos que se pagan por las transacciones inmobiliarias resultan excesivos y señala que los ingresos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales -que grava la compra de vivienda de segunda mano- deberían ser asignados a la Administración central y no a las comunidades autónomas como ahora. Si bien sería beneficioso reducir la fiscalidad en las transacciones inmobiliarias, la OCDE considera que tributos como el IBI no crean distorsiones y, por lo tanto, recomienda que se prorrogue el incremento de este tributo municipal que el Ejecutivo de Rajoy aprobó para 2012 y 2013.

Fuente: Cinco Dias

Cerco a los blindajes de la alta dirección

Algunos lo tildan de oportunismo político, demagogia; otros creen que se trata de justicia social, sentido común. El Gobierno, más concretamente el Ministerio de Hacienda, trabaja en una normativa para poner límite a las indemnizaciones que cobran los directivos cuando abandonan su compañía. Se trata de una cuestión espinosa pues afecta a una relación contractual privada entre una sociedad y un trabajador.

Aunque la hoja de ruta está aún en sus fases iniciales ya se conocen pistas de por dónde van las intenciones del Ejecutivo. La idea sería establecer un gravamen impositivo considerable (en torno a un 70%) para aquellos blindajes que excedan un número de mensualidades (se habla de un semestre). Además, se quiere dar más poder a las juntas de accionistas para que sean ellas las que aprueben o ratifiquen de forma directa los blindajes, una cuestión decidida hasta ahora en petít comité por los consejos de administración. En el Ministerio de Economía son sensibles a las remuneraciones de los altos directivos, ya que entienden que en una situación de crisis todos deben hacer sacrificios.

“En principio, no me parece mala idea establecer límites a las indemnizaciones porque, de alguna medida, estamos viendo que con la reforma laboral se está abaratando el coste de despido en todas las organizaciones”, señala Rafael Barrilero, socio de Mercer, consultora especializada en temas de recursos humanos. “Estas cláusulas son decisión de la empresa. El Consejo de Administración suele ofrecérselas a aquellos profesionales que considera importantes para la compañía. El problema es que las indemnizaciones pueden volverse en su contra si el directivo no consigue los objetivos previstos. Algunas empresas han evaluado los riesgos y prefieren ofrecer bonus de contratación y así no dejan el problema a futuro”, añade Barrilero.

La crisis ha tenido como efecto que el número de ejecutivos con golden parachutes haya aumentado en los últimos años. A 31 de diciembre pasado (últimos datos disponibles) había 424 directivos con cláusulas de indemnización en sus contratos en las más de 100 empresas cotizadas en el Índice General de la Bolsa de Madrid, según los registros de sus informes anuales de gobierno corporativo, un 14% más que en 2007. En muchos casos, especialmente entre las compañías de mayor tamaño, el porcentaje de consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección blindados equivale al 100% de los integrantes de la planta noble.El uso de cláusulas antidespido no es exclusivo del mercado español. De hecho, son más conocidas por su denominación en inglés: golden parachutes (paracaídas dorados). La idea de poner coto a los contratos acorazados nace en un contexto donde el Gobierno del Partido Popular ha puesto límite a las indemnizaciones de los directivos de las empresas públicas y de aquellas entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas. La iniciativa también se produce, es necesario recordarlo, tras aprobarse una reforma laboral que permite a las empresas despedir a los trabajadores con una indemnización de 20 días y un máximo de 12 mensualidades si concurren causas económicas.

Los contratos acorazados no son del gusto de los inversores. DSW es la mayor asociación de accionistas de Alemania y miembro fundador de Euroinvestor, la organización paneuropea de accionistas. Jella Benner-Heinacher es la presidenta de ambas instituciones y deja muy clara su postura respecto de los blindajes: “Los golden parachutes están en contra de los intereses de los accionistas y de las reglas de buen gobierno corporativo. Como representantes de los accionistas en las juntas recomendamos restringir cualquier blindaje”. Antes de imponer un límite por ley, DWS es partidario de dar a los consejos el poder de vetarlos. “Nos oponemos a cualquier pago excesivo que agrande todavía más la brecha que se está abriendo entre el salario de los directivos y el de sus empleados. De lo contrario, se estará poniendo en peligro lo que denominamos la paz social de la democracia”, advierte Benner-Heinacher.

Teniendo en cuenta estas condiciones, lo normal es que los directivos negocien indemnizaciones mayores antes de fichar por una empresa. El problema es que en algunos casos el importe de esos blindajes puede rayar lo abusivo, sobre todo en un momento en el que la cola de las personas que buscan empleo en España se aproxima a los seis millones.La explicación de los contratos acorazados de los altos ejecutivos tiene su origen en el Estatuto de los Trabajadores, que considera que la relación laboral entre un directivo y su empresa tiene “carácter especial” y por eso sus características se desarrollan en un real decreto del año 1985. En este texto legal se establece que, si no hay un pacto previo entre la compañía y el directivo, este podrá ser despedido con una indemnización equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con un límite de seis mensualidades. Además, se fija que el empresario puede exigir al directivo que durante un determinado periodo de tiempo no fiche por otra compañía que sea competencia directa. Otra peculiaridad es que a diferencia de la relación laboral ordinaria las indemnizaciones que reciba el alto directivo son consideradas como salario y son objeto de tributación.

“Poner límites a los blindajes es un tema espinoso. Si no se hace con inteligencia será una medida populista. Es cierto que en España ha habido directivos que se han hecho ricos a base salir de una empresa y entrar en otra cobrando las correspondientes indemnizaciones”, argumenta Carlos Alemany, fundador de la empresa de búsqueda de directivos Alemany & Partners. “Sin embargo, pueden acabar pagando justos por pecadores. Hay directivos que no han cobrado un blindaje en toda su carrera y, si les ficha otra empresa, es lógico que negocien para garantizar los derechos adquiridos durante su vida laboral por si les echan a los pocos meses. Habría que modular la medida”, añade Alemany.

Una de las consultoras que asesora a más empresas cotizadas en materias de retribución es Towers Watson. Manuel Montecelos, director de consultoría Estratégica de Recursos Humanos de esta firma, se muestra en contra de la intención del Gobierno de limitar los blindajes. “¿Por qué se hace? Si es con afán recaudatorio no parece que se vaya a lograr mucho dinero. Si se suben los impuestos para bajar las cláusulas no estoy seguro de que se vaya a conseguir. ¿Quién impide a una sociedad aumentar las cantidades del sueldo fijo de sus directivos cuando salga la nueva ley? Entre los directivos unos se merecerán más que otros la indemnización, pero no se puede generalizar y decir que las empresas españolas pagan un dineral en indemnizaciones”, argumenta.Una de las primeras polémicas en torno a los despidos millonarios surgió cuando Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui recibieron 110 millones de euros y 43 millones, respectivamente, por abandonar el entonces Banco Santander Central Hispano. Otra salida dorada fue la de Manuel Pizarro de Endesa. El ex número dos del PP por Madrid cobró en torno a 14 millones. Más cercanos en el tiempo están los paracaídas dorados que desplegaron Gabriele Burgio en NH Hoteles (6,5 millones), Juan Carlos Torres en Duro Felguera (3,65 millones) o Manuel Vargas en Vocento (3,12 millones). Aunque no sea un blindaje, las aportaciones a los planes de pensiones de muchos directivos también les garantizan una salida más que cómoda. El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, cobró 68 millones hace tres años al dejar el BBVA.

“Modificar un contrato privado es de dudosa legalidad. Por eso la vía elegida parece ser que será la fiscal. Si el enfoque es impositivo puede que no se arregle nada o que las cosas vayan a peor para las empresas. Las indemnizaciones podrían empezar a negociarse en neto, como los sueldos de los futbolistas, lo que incrementaría los costes para los accionistas. Además, en función de cómo se redacte la ley y cómo se defina lo que se considera por alto directivo la confusión puede ser enorme. Los blindajes se dan en todas las jurisdicciones. Al ser una cuestión generalizada en el mercado, las empresas tienen que aceptarlos si quieren contar con los mejores”, sostiene el socio de uno de los despachos de abogados mercantiles más importantes.Estas propuestas, sin embargo, sitúan la responsabilidad sobre el futuro de los blindajes en el ámbito de la autorregulación. En el caso del Código de Buen Gobierno español basta con explicar por qué no se cumplen sus recomendaciones para cumplirlas. Y cuando las empresas no tienen presión legislativa no suelen reaccionar muy rápido a las recomendaciones. De hecho, desde que Bruselas sugirió limitar las indemnizaciones a dos años, algunas han aplicado esos cambios, pero otras muchas no. ACS, por ejemplo, tiene nueve miembros de su alta dirección, incluidos tres consejeros ejecutivos, que gozan de blindajes “de hasta cinco años de sus retribuciones”. En el caso de Iberdrola, su presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez-Galán, tiene derecho a cobrar cinco anualidades en caso de despido. Otro ejecutivo que supera las dos anualidades sugeridas por la Comisión es Antonio Brufau. El presidente de Repsol tiene derecho a cobrar tres años de su sueldo más otra anualidad por un pacto de no competencia.Tras el estallido de la crisis financiera la Comisión Europea hizo pública unarecomendación en abril de 2009 sobre los sistemas de remuneración de los consejeros. La Comisión consideraba necesario garantizar que los pagos por rescisión del contrato “no representen una recompensa del fracaso” y sugería que su cuantía no debería superar la cantidad equivalente a dos anualidades de sueldo fijo. Como consecuencia de esta propuesta, la CNMV promovió en diciembre de 2009 una serie de cambios en el Código Unificado de Buen Gobierno para adaptar el texto a las nuevas recomendaciones de Bruselas. La iniciativa, sin embargo, está parada desde entonces, “a la espera de que haya una orden ministerial que active la actualización del Código”, explican fuentes del supervisor bursátil.

¿Cómo justifican las empresas los blindajes? Las explicaciones que dan las compañías pueden incluirse en dos categorías: 1. Porque lo hace el resto; 2. Porque así atraigo y retengo a los mejores profesionales. La primera respuesta, por ejemplo, la dan en Red Eléctrica: “Las cláusulas se ajustan a la práctica habitual del mercado”, declara en su informe de retribuciones. El argumento de captar talento es de Iberdrola: “El objetivo es conseguir un grado de fidelidad eficaz y suficiente de los ejecutivos de primer nivel necesarios para la gestión de la sociedad y, de este modo, evitar la pérdida de experiencia y conocimientos que podrían poner en peligro la consecución de objetivos estratégicos”. A pesar de que los blindajes están muy extendidos entre las cotizadas españolas, todavía hay 36 sociedades cuyos ejecutivos no tienen contratos acorazados. ¿Que lo hagan los rivales no les incomoda? ¿No quieren también ellos contar con los mejores profesionales?

En el tema de los blindajes de la alta dirección el límite entre la legalidad y la ética es una línea roja muy delgada. Quizás haya que recurrir a los clásicos para buscar la frontera. George Bernard Shaw escribió una gran frase a este respecto: “El dinero no es nada. Pero mucho dinero... ¡Eso ya es otra cosa!”.

Fuente: El Pais

El Banco de España no prevé que hasta finales de año 'revierta' el efecto de la subida del IVA

El Banco de España afirma que el PIB "seguirá cayendo en los meses finales de 2012", periodo en que se prevé "tendrá lugar la reversión del efecto de anticipación del gasto que supuso la subida del IVA en septiembre".

En su último Boletín Económico publicado este miércoles, el supervisor indica que por lo que respecta al consumo privado, tanto la confianza de los hogares como la del comercio minorista registró un "modesto" avance en octubre.

En este sentido, entre los indicadores cuantitativos, el Banco de España indicó que sólo se cuenta con la información de lasmatriculaciones de vehículos particulares de octubre, que en tasa intermensual presentaron un "incremento notable", pese a que no estaría recogiendo todavía los "posibles efectos positivos" del Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente (PIVE).

Respecto a otros sectores, el organismo que gobierna Luis Linde apunta que los indicadores "más recientes continúan mostrandocaídas interanuales intensas de la inversión en construcción".

Además, los primeros indicadores relativos al cuarto trimestre apuntan a una "cierta moderación del dinamismo del sector turístico", y en la actividad industrial los datos siguen mostrando la "debilidad del sector".

Respecto a la evolución del déficit público, que se moderó en los últimos dos meses, el Banco de España señaló que "es importante recordar que en el último trimestre de este año se concentrará el impacto de diversas medidas de incremento de ingresos y de reducción del gasto" aprobadas en la primera mitad del ejercicio.

Sobre la evolución financiera en España, durante la parte transcurrida de noviembre "no se han producido cambios significativos ni en las rentabilidades de la deuda pública española ni en los índices bursátiles nacionales".

Fuente:El Mundo

RANSÉS PÉREZ | PRESIDENTE DE LOS INSPECTORES DE HACIENDA “Se debería crear un delito para quien ofrezca defraudar”

Ransés Pérez Boga (A Coruña, 1968) apenas lleva un mes al frente de laOrganización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la asociación mayoritaria en la Agencia Tributaria.

Pregunta. Tiene la percepción por su trabajo de que ha crecido el fraude con la crisis.

Respuesta. Cuantificar el fraude es muy difícil. Tenemos la impresión de que se está defraudando más. Pero no es que la tengamos nosotros, hay una encuesta del CIS que dice que el ciudadano cree que ha aumentado el fraude.

P. Los ingresos fiscales se han desplomado. El Gobierno ha aprobado nuevas subidas de impuestos. ¿Cree que debería haber hecho más para reducir el fraude en vez de subir tanto los impuestos?

R. Sobre el aumento de impuestos, es una cuestión política en la que no debo entrar. Modificar las figuras impositivas y la ley de antifraude son medidas correctas; como la limitación de la deducción de los gastos financieros del impuesto de sociedades, o reducir la libertad de amortización. Pero estas medidas para aplicarse adecuadamente necesitan recursos adecuados para llevarlas a término. Ahí es donde fallamos.

P. Junto con estas medidas de lucha contra el fraude se aprobó una amnistía fiscal...

R. Nos parece que es injusta y que trata de forma desigual a los contribuyentes. Lo peor de todo es que trata peor al que cumple que al que no cumple. Estamos lanzando la imagen errónea de que defraudar compensa. Está menoscabando la conciencia fiscal y lo notaremos en las declaraciones futuras.

P. ¿Serán revisables las regularizaciones de la amnistía?

R. Lo relevante es si podremos comprobar a esos contribuyentes; la respuesta es: “Por supuesto que sí”. Entiendo que un contribuyente que ha defraudado en el pasado es un buen sujeto para revisar si en el presente está haciendo bien las cosas.

P. La Dirección General de Tributos (DGT) emitió dos informes aclarando aspectos de la amnistía. ¿Son vinculantes?

R. Tributos cuando quiere emitir algo vinculado lo emite en forma de resolución no de informes. Por tanto, esos informes en una primera instancia no serían vinculantes. Ahora bien, en la medida en que la DGT plasmará esos criterios en consultas serán vinculantes. Por otra parte, la Agencia Tributaria los puede hacer suyos y si el director de la Inspección da unas instrucciones para cumplir esos criterios serán vinculantes.

P. El Gobierno ha aprobado una ley antifraude con muchas de sus reivindicaciones. ¿Qué echan de menos?

R. Lo primero es que se potencien los medios humanos de la Agencia Tributaria. Pero hay otras medidas organizativas y normativas: Siempre hemos reivindicado que la Agencia debería tener más independencia del Gobierno, que se creara una policía fiscal. Además, hay otras normas: la limitación de los módulos nos parece positiva, pero se podría ir más allá. El módulo debería quedar para empresarios con un reducido volumen de operaciones, no de 300.000 euros como ahora. Y que se relacione un 80% con particulares… También nos gustaría que la ley fuera más allá en la duración de los procedimientos inspectores [solo disponen de un año]. Tenemos problemas cuando acudimos a una empresa y le pedimos la contabilidad. Existen obstáculos en ese sentido.

P. Al mismo tiempo, hay en marcha una reforma del Código penal para endurecer la lucha contra el fraude.

R. Consideramos que se podían haber hecho más cosas. Una de las propuestas era la creación de un delito por el ofrecimiento al cliente de estructuras o mecanismos que faciliten el fraude. Muchas veces en las inspecciones nos encontramos con personas que saben mucho de sus negocios, pero no tanto de cultura fiscal. Y nos preguntamos quién ideó esa estructura. La respuesta parece evidente: un asesor fiscal que le ofreció defraudar. ¿Quién es más culpable el que dijo hazlo o el que lo propuso? Creemos que cada uno tiene su parte de culpa. Y eso debería ser un delito agravado.

Fuente : El País

Hacienda presiona a los evasores en la semana decisiva de la amnistía

El próximo viernes, 30 de noviembre, concluye el plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal. Cinco días clave para el Gobierno, que espera recaudar 2.500 millones de euros con esta polémica medida de gracia tributaria que permite a los defraudadores legalizar el dinero negro pagando solo un 10% o, incluso menos, en algunos casos. Con el indulto fiscal se regularizan todos los bienes y capital oculto pero solo hay que pagar por lo no prescrito, los últimos cuatro años.

El proceso iniciado por el Gobierno el pasado 30 de marzo ha estado repleto de sombras e incertidumbres que cuestionan la seguridad jurídica para los que se sumen al indulto tributario. La regularización fiscal sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional porque el PSOE considera que quiebra principios de la Carta Magna. Además, los asesores fiscales y grandes despachos tributarios pronto revelaron la fragilidad del proceso. Expresaron sus dudas y exigieron garantías de que Hacienda no perseguirá a quien legalice su situación.

La Dirección General Tributaria tuvo que publicar dos informes aclarando y enmendando algunos aspectos del decreto ley que regulaba la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Hacienda también tuvo que desarrollar los detalles del procedimiento en una orden ministerial.

Incluso los inspectores fiscales, a través de la organización mayoritaria IHE, consideran que la medida es injusta. Todos estos factores han aplazado la decisión de los evasores para limpiar su dinero, pero en las últimas semanas la actividad es frenética en despachos de abogados y asesores de banca privada. Aun así, numerosas voces creen que será muy difícil que se alcance el objetivo inicial de recaudación previsto por el Ministerio de Hacienda, en 2.500 millones de euros. El último dato público conocido eleva los ingresos por la amnistía a 50,4 millones en julio, según el informe de recaudación de la Agencia Tributaria de hace cuatro meses. Desde entonces los responsables de Hacienda decidieron ocultar el dato de recaudación hasta la semana que viene cuando haya acabado el plazo.

Hacienda mantiene el objetivo. Por eso, el Gobierno considera fundamental esta semana. “Serán días decisivos para la regularización”, conceden fuentes gubernamentales, que creen que los evasores esperarán “hasta el último momento”. Hacienda está intensificando los contactos con los principales despachos fiscales, bancos de inversión y grupos de asesores fiscales para aclarar las últimas dudas, garantizar la seguridad jurídica del indulto y, sobre todo, recordar que es un ultimátum. Les advierten de que la situación será mucho peor para los defraudadores que ignoren la amnistía. “Es cierto que en los últimos días se ha producido un aumento de los contactos. Nos consultan casos concretos y les explicamos el contenido de las leyes contra el fraude”, precisan fuentes de Hacienda. Los consultores fiscales plantean casos concretos como uno que quería regularizar el yate de su cliente que había utilizado para crear sociedades fantasma en paraísos fiscales, o el que quería legalizar un picasso.

Pero en cada contacto que las autoridades de la Agencia Tributaria mantienen con los asesores fiscales les avisan de las consecuencias que tendrá la reforma del Código Penal, que entrará en vigor en breve. La nueva norma prevé la imprescriptibilidad de los bienes evadidos en el extranjero. Es decir, que si Hacienda descubre cuentas corrientes, o inmuebles en otros países sin que se hayan declarado, considerará que estos proceden del último ejercicio no prescrito, aunque su origen fuera anterior. Este nuevo artículo permitirá al fisco cargar con mayor dureza contra los defraudadores. Ante la presión, algunos asesores han reclamado la ampliación del plazo hasta fin de año. Pero Hacienda lo ha descartado taxativamente. En cinco días se verá la efectividad de la medida más controvertida del Gobierno.

Fuente: El País

Hacienda va a la pesca de ‘truchas’

La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre sociedades que defraudan con el IVA

Esta trampa supone una pérdida de millones para las arcas públicas

Un señor impecablemente trajeado entra en la sucursal de un banco en Valencia. Lo acompaña su abogado, que lleva la voz cantante. Pide ver al director de la oficina y le da órdenes para crear una serie de cuentas bancarias y realizar transferencias. El empresario no habla. Está a la espera de una reconstrucción maxilofacial y no le queda ni un solo diente, según le explica el abogado al encargado de la oficina bancaria. El asesor se encarga de todos los detalles y entretiene al director cuando el empresario firma con dificultad los documentos. En realidad, el empresario es un indigente al que una organización criminal ha sacado de un centro social de la capital valenciana. Le ha dado de comer y un baño y le ha puesto traje caro para usarlo como testaferro de una de las múltiples empresas que usan como tapadera. El relato lo describe con profusión de detalles un inspector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (Onif) gracias a las conversaciones telefónicas pinchadas por la policía durante un año.

Cuando agentes de esa unidad de élite de Hacienda irrumpieron en la oficina de esta organización, situada en un piso de la calle Gran Vía Marqués del Turia de Valencia, hallaron una estantería repleta de teléfonos móviles perfectamente clasificados con etiquetas con nombres de empresas. En un armario de la oficina encontraron varios trajes, camisas y corbatas con las que vestían a los hombres de paja que utilizaban para dar veracidad a su entramado empresarial. La sociedad se dedicaba a comprar y vender componentes informáticos a un precio sospechosamente bajo.

La operación, desarrollada en 2010, fue bautizada como Revival. Concluyó con 16 detenidos, la investigación de más de 50 cuentas bancarias y la identificación de medio centenar de testaferros y sociedades de Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta. Fuentes de la Agencia Tributaria calculan que el fraude cometido supera los 60 millones de euros. Se trata de una de las operaciones contra el fraude organizado del IVA, conocido como fraude carrusel, más importante hasta la fecha.

El fraude carrusel en el IVA consiste en la creación de una estructura empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias están exentas de dicho impuesto.Este tipo de delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido es uno de los que más preocupa a las autoridades de Hacienda. “Es un problema serio que podría alcanzar miles de millones de euros”, explica una fuente de la inspección de la Agencia Tributaria que sitúa el inicio de esta práctica a principios de la década pasada.

El mecanismo comienza con una venta exenta del impuesto entre una empresa radicada fuera de España (A) y otra constituida en territorio nacional (B). Ambas forman parte de la organización. La sociedad que recibe la mercancía (B), conocida en la jerga del fisco como trucha, la vende a su vez a otra sociedad (C) de la organización a la que repercute el IVA. Sin embargo, no lo ingresa a Hacienda. Habitualmente este tipo de empresas (B) desaparece sin dejar rastro. Es frecuente que sean sociedades constituidas mediante despachos de abogados que se dedican a crear sociedades en cascada. El fraude se agrava cuando la tercera empresa (C) que recibió la mercancía reclama la devolución del IVA por haberlo soportado.

La Agencia Tributaria ha estrechado el cerco sobre este tipo de tramas organizadas, que se centra en algunos sectores concretos como los componentes informáticos, telefonía móvil, bebidas alcohólicas, 
hidrocarburos o automóviles de ocasión. La Onif se ha convertido en la unidad más eficaz contra la desarticulación de estas actividades.En este caso, la Agencia Tributaria no solo no cobrará el IVA de la operación, sino que pagará la devolución. En realidad, supone un vaciamiento de las arcas de Hacienda. La trama se complica cuando se crean más empresas ficticias con las que dificultar el rastro de la mercancía, que en ocasiones ni siquiera existe y se sustituye por la circulación de facturas
y  albaranes falsos.

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que España solo existen cerca de una docena de grupos de este tipo. Pero también advierten: “Actúan a través de cientos o miles de empresas. Se han profesionalizado y han creado estructuras complejas y jerarquizadas. Los que financian el carrusel no suelen estar en España”. Por eso, piden estrechar la colaboración entre los diferentes departamentos involucrados en la investigación de este delito (inspectores, Onif, aduanas, policía, Guardía Civil...).

Detrás de estas organizaciones suele haber grupos criminales, admiten en Hacienda. Estos actúan como si invirtieran en una operación financiera: pagan la primera compra de mercancía, si existe, y la hacen circular —a través de sus sociedades interpuestas— a un precio inferior al de mercado, con márgenes muy estrechos porque buscan beneficiarse del descuento del 21% del IVA que no pagan.

Hacienda se ha propuesto acabar con estas organizaciones y limitar esta práctica. “Quiere dar una respuesta tajante”, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando presentó la reforma del Código Penal y la Ley contra el fraude para introducir algunos cambios que dificulten esta actividad ilícita. Entre ellos, se facilita la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de evasión. Además, se crea un tipo agravado de delito cuando el fraude haya sido cometido dentro de una organización criminal.

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez-Boga, admite que este tipo de fraude trae de cabeza a Hacienda. Señala que una de las medidas que se podrían tomar para limitar esta actividad consiste en ampliar la inversión del sujeto pasivo. Esta medida, aprobada por el Gobierno para determinadas operaciones inmobiliarias, obligaría a la primera empresa interviniente a pagar el IVA a Hacienda en lugar de repercutirlo a otra de las sociedades de la trama. Es decir, les obligaría a demostrar que se ha ingresado el IVA en la Agencia Tributaria para pedir la devolución del impuesto.

La Ley antifraude también prevé un paquete de medidas preventivas para evitar el vaciamiento de 
estas empresas cuando se inicia la investigación o se presenta la denuncia. Fuentes de la Onif explican que en los últimos años han logrado reducir el número de fraudes de este tipo. Aunque admiten que en cuanto desarticulan una de estas organizaciones, enseguida otra ocupa su lugar.

Hace unas semanas, la Agencia Tributaria desmanteló en Sevilla una organización que defraudaba con el IVA de los de hidrocarburos en algunas gasolineras. Aseguran que poco a poco todas van cayendo. Hacienda está en pesca de truchas.

Fuente: El País. 

Australia también tendrá ley fiscal anti-Google

El Gobierno de Australia aprobó el jueves revisar sus leyes fiscales para evitar que grandes empresas declaren sus beneficios en otros países con impuestos más bajos, como ocurre en Irlanda.

Es la primera iniciativa de este tipo que se hace fuera de Europa, donde ya países como Reino Unido, Francia y Alemania están investigando y estudiando medidas para que las multinacionales paguen en el país los impuestos que generan sus actividades.   

El responsable del Tesoro australiano, David Bradbury, señaló que las leyes fiscales se revisarán para garantizar que las empresas paguen sus impuestos según los beneficios que han tenido en el país y, para concretar, citó el caso de Google Australia.

"Mientras los acuerdos publicitarios se firman con Google Australia, en realidad ellos están comprando la publicidad a una subsidiaria de Google radicada en Irlanda", explicó Bradbury. "Así argumentan que la fuente de sus ingresos, y por tanto de su pago de impuestos, es Irlanda antes que Australia".

Con esta argucia legal, Google y otras multinacionales pagan en impuestos casi una tercera parte, pues la tasa impositiva en Australia es del 30% mientras que en Irlanda 12,5%.

Como ha ocurrido con los casos europeos, Google respondió que cumple con las leyes y que además contribuye al crecimiento económico del país. "Hacemos una significativa contribución a la economía de Australia ayudando a miles de empresas a crecer en Internet, dando servicios a millones de australianos sin coste alguno, además de emplear a 650 personas en el país".

Bradbury explicó que la estructura fiscal de Google es complicada, con pagos a subsidiarias en Holanda que a su vez deriva a otra compañía del holding en las Bermudas, donde no hay impuestos a las empresas. "Los beneficios de una venta de publicidad de una firma australiana acaban posiblemente indefinidamente en una jurisdicción libre de impuestos", añadió Bardbury.

Aunque el caso de Google es el más llamativo, en la misma situación se encuentran la red de cafeterías Starbucks, la tienda Amazon o el fabricante de móviles y tabletas Apple. En todos esos casos, varios países europeos, principalmente Francia, Alemania y Reino Unido intentan que el grupo de países formado por el G-20 adopte una política común que acabe con esta anomalía.

Fuente : El País

Así será el reparto del poder económico mundial en 2035

Aunque pueda parecer osado con todo lo que ocurre a diario y las amenazas que aún persisten sobre la zona euro, Ernst & Young se ha atevido a pronosticar cuál será el reparto del poder económico mundial en 2035. Así, según sus cálculos China se convertirá en 2035 en la primera economía del mundo por producto interior bruto en detrimento de EE UU.

El resto de los llamados BRIC (Brasil, Rusia e India) se situarán entre los seis países com mayor PIB, por delante de Reino Unido y Alemania. Por su parte, la economía española pasará del puesto 12 al 18. Se trata de cifras del informe trimestral de Ernst & Young, Rapid Growth Markets Forecast, que ofrece previsiones macroeconómicas para 25 países calificados de rápido crecimiento. Entre ellos se encuentran, además de los BRIC, otros como Polonia, Colombia, Chile, Indonesia, Vietnam o Sudáfrica.

Además de Estados Unidos, el resto de países occidentales también verá diluido su tamaño con respecto a ese grupo de países de rápido crecimiento. Alemania pasará de ser la cuarta mayor economía del mundo a la octava, por detrás de Reino Unido, que sí mantendría su vigente séptima posición. Por su parte, Francia descendería del quinto al décimo puesto e Italia del octavo al decimoquinto.

Entre los países de rápido crecimiento que ganarían terreno destacan Indonesia, que pasará del puesto 16 al 9, junto a Sudáfrica y Nigeria, que entrarían en el selecto club de los 'top 20'. Por su parte, Turquía, México, Corea del Sur y Arabia Saudí también experimentarán notables avances en la clasificación.

El año pasado, dos tercios de la población mundial vivía en estos 25 países pero sólo un tercio del PIB mundial, en términos nominales, procedía de esas economías. "El atractivo a largo plazo de los mercados de rápido crecimiento es indiscutible a tenor de estas previsiones. Cuentan con una numerosa población, joven, cada vez mejor formada y con una gran capacidad de gasto; de hecho, se prevé que nueve de estos países multipliquen por cinco su PIB per cápita en los próximos 25 años. En este reequilibrio de potencias económicas a nivel mundial, es necesario ser más ágiles para aprovechar las oportunidades que cada vez surgen de forma más rápida en estas zonas", explica José Luis Ruiz Expósito, Socio responsable de Mercados de Ernst & Young.

Fuente: Cinco Días 

Un 'superinspector' solo para las grandes multinacionales

Hacienda creará una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional con el objetivo de evitar las "planificaciones tributarias agresivas" de las multinacionales para pagar menos impuestos.

La Agencia Tributaria lleva años detectando que las grandes empresas y multinacionales logran reducir al mínimo los impuestos que pagan gracias a una "planificación fiscal agresiva". Este problema, que ya han denunciado Gobiernos como Reino Unido o Francia se debatió en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, donde se constató que las grandes empresas tienen capacidad para trasladar beneficios a países de baja tributación.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, anunció ayer la creación de una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional para controlar los llamados precios de transferencia, es decir, los intercambios comerciales que se producen entre las empresas de un mismo grupo y que, muchas veces, tiene como objetivo único el de reducir los beneficios obtenidos en países con impuestos elevados e incrementar las ganancias en territorios con una menor presión fiscal.

Las empresas, por su parte, señalan que una planificación fiscal para "optimizar" el pago de impuestos no supone ningún fraude. En cualquier caso, los Gobiernos europeos señalan que se están cometiendo excesos. La Administración tributaria francesa, por ejemplo, reclama 1.000 millones a Google, según informa la prensa gala. La empresa del famoso buscador obtuvo entre 1.250 y 1.400 millones de euros pero solo declaró 138 millones. Casos parecidos se han producido en el Reino Unido con Starbucks o Amazon.

Más allá de la nueva oficina contra el fraude internacional, que estará en funcionamiento en enero y que contará con 50 efectivos, el Ejecutivo ya aprobó una importante medida al limitar la deducibilidad de los gastos financieros entre empresas de un mismo grupo empresarial. Hasta ahora, una compañía podía deducirse sin ninguna restricción los gastos financieros, lo que provocaba que muchas multinacionales ejecutaran operaciones financieras entre sus filiales con el único fin de acogerse a este beneficio tributario en España.

Ferre insistió ayer en la importancia del bautizado acuerdo Fatca, un pacto firmado por EE UU y los mayores países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) que supondrá un intercambio de información fiscal entre los países firmantes de forma estandarizada. "Por ejemplo, EE UU transmitirá a España la información comunicada por sus entidades financieras sobre intereses percibidos por contribuyentes españoles", ilustra en un comunicado el Ministerio de Hacienda. El pacto sellado con la primera potencia económica supondrá un mayor control para los contribuyentes. Sin embargo, también tendrá un parte positiva, ya que la Administración estadounidense ofrecerá ventajas para las compañías que pertenezcan a los países con los que se ha alcanzado un acuerdo. Así, las entidades financieras españolas que operan en EE UU quedan exoneradas de la retención del 30% en los pagos que perciban de fuente estadounidense.

Para la Hacienda española, Fatca supone un cambio de paradigma en las relaciones de las Administraciones tributarias y servirá como punto de partida para "avanzar hacia un sistema internacional de intercambio automático de información fiscal". El tiempo dirá si esas palabras resultan excesivamente optimistas.

Fuente: Cinco Días

IMPUESTOS » Toca hilar fino con Hacienda Las novedades hacen que este año sea más complicado ‘ajustar’ la factura fiscal

Recomendar en Facebook16

Twittear23

Enviar a LinkedIn6

Enviar a TuentiEnviar a MenéameEnviar a Eskup

EnviarGuardarIm

Este año es especialmente complicado para ajustar la próxima declaración de renta. Por dos razones: la primera, porque hay importantes novedades fiscales aplicables en 2011; la segunda, porque hay también muchos otros anuncios de cambios fiscales para 2013 que condicionan las posibles operaciones a completar en el poco más de un mes que queda para cerrar este año fiscal. Respecto a todas ellas, hay que tener en cuenta una serie de factores:

Hay (de nuevo) más tramos de renta. Se ha modificado la escala general del impuesto. El tipo máximo alcanza el 52%. Dado que cada comunidad autónoma ha adecuado su escala autonómica, este máximo puede llegar hasta el 56% en las rentas superiores a 300.000 euros. Dos pueden ser las recomendaciones, según explican desde el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). La primera es que si se puede elegir cuándo cobrar una renta del trabajo siendo esta susceptible de ser reducida en un 40% (bonus o algunos premios de antigüedad irregulares, por ejemplo), interesará no sobrepasar el límite de 300.000 euros porque es hasta ese límite cuando se puede aplicar la reducción y porque a partir de esa cantidad se llega a los tipos máximos (del 52% al 56%). La segunda, y de nuevo para evitar llegar a los tramos más altos, se puede plantear a la empresa la conveniencia de transformar retribuciones dinerarias en ciertas retribuciones en especie que no tributan, como el nuevo cheque transporte, servicios de guardería, primas de seguro de enfermedad...

Tipos de gravamen nuevos del ahorro. En 2012, todas las ganancias patrimoniales (acciones, vivienda, fondos…), independientemente del plazo en que se obtengan, tributan a unos tipos fijos del 21% sobre los primeros 6.000 euros, un 25% desde esa cantidad hasta los 24.000 euros y un 27% para el resto. Las minusvalías que se obtengan servirán para compensar ganancias. Si solo se tuviera en cuenta este cambio (subida de tipos fijos, ya que anteriormente eran del 19% y 21%, con la barrera de 6.000 euros), se debería, en la medida de lo posible y antes de que acabe el año, realizar minusvalías para compensar plusvalías.

Resulta, sin embargo, que el Gobierno parece decidido a que, a partir del 1 de enero de 2013, las ganancias patrimoniales generadas en un plazo inferior a 12 meses se incluyan como rentas del ejercicio y, por tanto, se graven a los tipos generales del IRPF. Para las obtenidas en al menos un año y un día, el régimen actual se mantendría.

Además, el Ejecutivo contempla aplicar un tratamiento fiscal diferente para las minusvalías (pérdidas) generadas en menos de un año. En primer lugar, servirán para compensar plusvalías de ese mismo plazo. En segundo lugar, si es que aún quedan minusvalías, el 10% de las otras rentas generales del contribuyente (basta pensar en los salarios) servirán para compensarlas. Y para todo ello se tendrá un plazo de cuatro años.

Toda esta maraña de probables cambios complica las posibles estrategias en relación con final de año. En principio, el hecho de que suban los tipos (se apliquen marginales) aconseja realizar este año ganancias a corto plazo (menos de un año) para, como mucho, tributar al 27%. En el caso de las minusvalías, en principio, resultará bastante más rentable, al menos en el caso de las que se generen en un plazo inferior a los 12 meses, deshacer posiciones con pérdidas a partir de la entrada en vigor de la nueva norma que hacerlo en la actualidad. Se conseguirían ahorros de hasta un 52% en el caso de las rentas más altas.

Deducción por vivienda habitual. Quienes estén pagando la hipoteca de su vivienda habitual tienen derecho en su próxima declaración de la renta (IRPF 2012) a aplicar una deducción por el 15% sobre los importes abonados por ella sobre un máximo de 9.040 euros. El ahorro hipotecario puede llegar, por tanto, a 1.356 euros. Para apurar al máximo esta posibilidad, las cuotas mensuales pueden tener un tope de 753,33 euros por persona y año. Si no se paga al mes esta cantidad, y con el objetivo de llegar hasta los 9.040 euros, siempre cabe la posibilidad de amortizar anticipadamente (reducir la deuda) una parte de la hipoteca.

Quienes tienen una hipoteca sobre vivienda habitual firmada antes del 20 de enero de 2006 gozaban hasta ahora de una compensación fiscal. Podían aplicar un porcentaje del 20% sobre los primeros 4.507,59 euros. Esta ventaja ha sido simplemente eliminada.

Si esto es importante, aún lo es mucho más el hecho de que, tal y como se ha anunciado por el Gobierno, las hipotecas que se firmen a partir del 1 de enero de 2013 no darán derecho alguno a deducción. Si este ya es un motivo importante para plantearse adelantar a 2012 la compra de una vivienda, existen aún otras dos razones que apoyan esta idea. Por un lado, que la inversión en 
inmuebles urbanos llevada a cabo antes de final de año pagará en el futuro, cuando estos se vendan, impuestos sobre únicamente el 50% de las ganancias que se obtengan. Por otro, que, al menos en vivienda nueva, el IVA a aplicar este mes y medio que queda de 2012 es del 4% y será, sin embargo, un 10% a partir del 1 de enero de 2013.

En relación con esta declaración de renta es también importante tener en cuenta la deducción que aún está vigente sobre las obras de mejora (20%); que las cuentas vivienda consolidarán las deducciones si se adquiere este año la vivienda…

Dividendos y planes de pensiones. Por el momento, se mantiene en relación con esta declaración la no tributación de los primeros 1.500 euros percibidos en dividendos y la posibilidad de seguir haciendo aportaciones a planes de pensiones, sistemas de previsión asegurados, seguros privados de dependencia... que den derecho a reducir la base imponible (suma de sus ingresos) del contribuyente. Por cada 1.000 euros de aportación, directamente se pagan entre 247,5 y hasta 520 euros (que pueden ser 560 euros) menos en el IRPF en función de los ingresos de cada particular.

Fuente: El País